En un país de Fábula 
Las últimas estimaciones elevan a casi 10.000 millones de euros las facturas pendientes de pago por el sector público español. El plazo medio de pago de las administraciones españolas es de 139 días frente a los 65 de media en Europa. Según la Comisión Europea el retraso de los pagos es una sangría que provoca una de cada cuatro quiebras y que destruye cada año 450.000 puestos de trabajo. 
Las administraciones públicas se han convertido en un auténtico embudo que estrangula la liquidez de las empresas, especialmente de las Pymes. Un embudo que se transmite como una bola de nieve al sector privado. En las transacciones privadas tampoco damos la talla: 98 días frente 57 de media en toda Europa. Apenas un 19% de las facturas se pagan antes de 30 días.
Solo que una pequeña parte del dinero que el Gobierno dedica a subvenciones, ayudas, estudios, comisiones... se hubiese dedicado a poner al día los pagos de la administración se hubiesen salvado muchas Pymes y muchos puestos de trabajo, la morosidad no hubiese aumentado tanto y el consumo se habría mantenido en niveles más altos.
Sin embargo las administraciones públicas se siguen escudando en las típicas excusas del mal pagador. La anunciada reforma para reducir el plazo máximo legal de 60 a 30 días no entrará en vigor hasta el año 2013, por lo que la morosidad seguirá siendo un mal endémico de este país durante varios años más. 
Lo más lamentable de todo es que este gobierno, con sus cientos de asesores bien pagados y a pesar de las constantes denuncias de diversos organismos, no sean capaces de ver las consecuencias de esta política en la economía del país. ¿O quizás es que prefieren hacer ver que no lo ven? Como dice el dicho: o los responsables no entienden lo que pasa, o son unos auténticos irresponsables. 
Si algo tenemos son unos dirigentes políticos con grandes dotes de imaginación para fabular. Y como en toda fábula, una moraleja: "nunca escuches lo que no te interese, pero hazlo valer en tu interés cuando te convenga".
Por suerte existe alguna honrosa excepción, como el ayuntamiento de mi ciudad, Sant Cugat del Vallès, que hace más de una año tomo medidas para pagar a todos sus proveedores en un plazo máximo de 30 días.

Datos extraídos de un Artículo de Eliseu Santandreu, asesor económico del Centre Metal.lúrgic, publicado al Diari de Sabadell el 21 de mayo del 2010